Avanza en Diputados el proyecto que busca restringir el uso de celulares en escuelas primarias

¿Celulares en la escuela? Un proyecto avanza con fuerza en la Legislatura bonaerense y propone limitar su uso en el aula, salvo con fines pedagógicos. La iniciativa fue impulsada por el senador Emmanuel Santalla, ya fue aprobada por unanimidad en el Senado y ahora avanza en la Cámara de Diputados, donde recibió dictamen en las comisiones de Salud y de Niñez y Adolescencia. Su próximo paso será la Comisión de Legislación General.

 El objetivo es claro: reducir la distracción, fomentar el juego libre e impulsar la interacción entre compañeros. Así lo explicó el propio Santalla, quien aseguró que el proyecto fue «consultado y elaborado con el aporte de especialistas en educación y crianza».

 El legislador también advirtió que el problema no es sólo el uso excesivo de pantallas, sino también el acompañamiento de los adultos en la infancia: “Nosotros planteamos la responsabilidad en las escuelas primarias porque nos parece el primer paso, pero esta problemática se debe atender en el conjunto de la sociedad”, sostuvo.

 Entre los argumentos más sólidos de la propuesta se encuentra el uso temprano e indiscriminado de dispositivos, que según Santalla, puede derivar en efectos negativos a largo plazo: “Muchos nos agarramos la cabeza con los problemas de ludopatía infantil, pero nos parece lo más normal del mundo poner una pantalla en la mano de los chicos a muy temprana edad”, señaló.

“La ludopatía es una consecuencia más del mal uso de los celulares en los niños”, agregó con contundencia.

Un sondeo de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires refuerza la preocupación del legislador:

69% de los estudiantes usa el celular en la escuela.

De ellos, el 82% lo hace ocasionalmente y el 18% lo utiliza siempre.

30,6% lo emplea para tareas escolares, pero también lo destinan a:

Enviar mensajes (27,4%)

Revisar redes sociales (17,7%)

Jugar videojuegos (9,7%)

 El debate sobre la presencia de celulares en las aulas no es nuevo, pero el impulso político y social que viene adquiriendo este proyecto lo posiciona como una posible normativa clave para el ámbito educativo en la provincia.

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