La Justicia bonaerense suspendió la Resolución 585/2026 y ordenó volver al cuadro tarifario anterior en los componentes provinciales. El fallo alcanza a EDELAP, la empresa que opera en el Partido de Magdalena.

La Justicia bonaerense suspendió la Resolución 585/2026 y ordenó volver al cuadro tarifario anterior en los componentes provinciales. El fallo alcanza a EDELAP, la empresa que opera en el Partido de Magdalena.  La Justicia bonaerense frenó los aumentos en las tarifas de electricidad aplicados desde agosto y ordenó restablecer de manera inmediata el cuadro tarifario anterior para los componentes bajo jurisdicción provincial.

La decisión alcanza a EDELAP, la distribuidora que opera en el Partido de Magdalena. Las subas habían sido autorizadas por el gobierno de Axel Kicillof y el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, a través de la Resolución 585/2026.

La medida cautelar fue dictada este viernes por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Bahía Blanca, a cargo de Agustín López Coppola, a partir de una presentación del Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino. El fallo alcanza a EDES, EDELAP, EDEA y EDEN, las cuatro distribuidoras sujetas a la regulación provincial.

Quedan fuera Edenor y Edesur, que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y dependen de la regulación del Gobierno nacional, y también las cooperativas eléctricas. La resolución fijó un nuevo cuadro tarifario desde el 1° de agosto, con modificaciones en los componentes provinciales de la tarifa, principalmente el Valor Agregado de Distribución (VAD).

La Defensoría del Pueblo cuestionó que el Gobierno bonaerense no realizará una nueva audiencia pública ni habilitará un mecanismo formal de participación de los usuarios antes de disponer las subas. La Provincia sostuvo ante la Justicia que una nueva audiencia no era necesaria.

Argumentó que los aumentos forman parte de una etapa de transición tarifaria vinculada a la emergencia energética y que los criterios generales para determinar las tarifas habían sido discutidos en audiencias públicas realizadas en 2016. El juez centró su análisis en el tiempo transcurrido desde aquellas instancias y cuestionó que una transición tarifaria pueda usarse para prolongar la falta de participación ciudadana.