El sistema de créditos que se cobran directamente del haber previsional enfrenta cuestionamientos. Referentes del sector afirman que los requisitos impuestos desde 2024 redujeron la cantidad de entidades habilitadas y favorecieron a los operadores de mayor tamaño.

El acceso a préstamos para jubilados mediante descuentos automáticos del haber quedó en el centro de una controversia. La discusión gira alrededor de las condiciones que ANSES exige a mutuales, cooperativas y otras organizaciones para utilizar los llamados códigos de descuento, el mecanismo que permite cobrar las cuotas directamente del ingreso previsional.

De acuerdo con los datos difundidos en la denuncia, el sistema habría pasado de 432 entidades autorizadas a 35 habilitadas actualmente. Quienes cuestionan el cambio sostienen que esa reducción limita la competencia y deja a los jubilados con menos alternativas a la hora de solicitar financiación.

El punto de partida fue la Resolución 970/2024 de ANSES, que derogó el régimen anterior y estableció una nueva operatoria para los descuentos no obligatorios acordados con terceras entidades. A partir de ese cambio, las organizaciones debieron adecuarse a las condiciones fijadas para seguir participando del sistema.

Las garantías, en el centro de los cuestionamientos

Uno de los requisitos más discutidos es la presentación de pólizas de caución y de responsabilidad civil. El importante broker de seguros Gustavo Roldán aparece mencionado en este punto por su actividad en el sector asegurador.

Para las mutuales pequeñas, afrontar esas garantías puede resultar mucho más difícil que para los grupos con mayor capacidad financiera. La crítica apunta a que la exigencia no distingue suficientemente entre organizaciones de distinto tamaño: una entidad de una localidad del interior puede tener que cumplir condiciones similares a las de una red con recursos mucho mayores.

Según las estimaciones incluidas en la denuncia, las coberturas requeridas superarían los mil millones de pesos. Su costo, sumado a los trámites administrativos, sería una de las razones por las que varias entidades no pudieron volver a ofrecer nuevos préstamos mediante el sistema de descuentos de ANSES.

El efecto para esas organizaciones va más allá de perder un canal de comercialización. Algunas continúan cobrando cuotas de créditos otorgados anteriormente, pero ya no pueden generar nuevas operaciones con descuento por ANSES. En el sector advierten que esa situación compromete su actividad y sus estructuras de trabajo.

Menos entidades y dudas sobre la concentración

La reducción denunciada también abrió preguntas sobre quiénes ocupan ahora el mercado. Los cuestionamientos señalan que, entre las entidades habilitadas, habría varias vinculadas a un mismo grupo empresario. Se menciona, en particular, a la Asociación Mutual 7 de Agosto, la Asociación Mutual Unión Solidaria y Mutual Urquiza como organizaciones con una presencia relevante en la operatoria.

La vinculación empresarial y, sobre todo, la proporción de préstamos que concentra cada entidad necesitan datos públicos completos para poder establecer el alcance real de esa denuncia. Que existan menos operadores no prueba por sí solo un monopolio, pero sí vuelve necesario conocer cómo se distribuyen las operaciones y qué posibilidades tienen otras organizaciones de ingresar.

También está bajo discusión el proceso administrativo de autorización. Las entidades deben presentar documentación y obtener la aprobación correspondiente antes de operar. Para quienes critican el esquema, el problema no se limita al costo de cumplir los requisitos: también reclaman mayor claridad sobre los tiempos, los criterios de evaluación y la situación de las solicitudes pendientes.

El límite de las tasas, otro obstáculo señalado

A las garantías y los trámites se suma el tope aplicado al costo financiero de los créditos. Según los cuestionamientos del sector, ese límite toma como referencia una línea previsional del Banco Nación. Las mutuales y cooperativas que consiguen fondos a tasas más altas sostienen que les resulta difícil ofrecer préstamos dentro de ese margen.

El objetivo de limitar el costo de los créditos es proteger a los jubilados frente a cuotas excesivas. Sin embargo, las entidades que objetan la medida afirman que, combinada con las demás condiciones, puede dejar fuera del sistema a organizaciones que antes prestaban en localidades donde las grandes entidades tienen menor presencia.

Ahí aparece la pregunta de fondo: si las reglas reducen el número de prestamistas, ¿mejoran efectivamente las condiciones para quienes necesitan un crédito? La respuesta requiere comparar tasas, costo financiero total, cantidad de ofertas disponibles y volumen de préstamos antes y después del cambio normativo.

Qué debería aclarar ANSES

El alcance de la concentración denunciada podría determinarse con información concreta: el listado actualizado de entidades habilitadas, las solicitudes aprobadas y rechazadas, los motivos de cada decisión y el volumen de créditos que opera cada prestamista.

Esos datos permitirían separar tres cuestiones que hoy aparecen mezcladas en el debate: la necesidad de controlar a quienes descuentan dinero de los haberes, la posibilidad real de que mutuales pequeñas cumplan los requisitos y el grado de concentración que terminó produciéndose.

Mientras tanto, para los jubilados la consecuencia potencial es directa. Si disminuye la cantidad de entidades entre las que pueden elegir, comparar ofertas se vuelve más difícil. Y cuando se trata de un préstamo cuya cuota se descuenta todos los meses del haber, conocer el costo financiero total, la cantidad de pagos y el importe final a devolver resulta decisivo antes de firmar.