La iniciativa del Frente de Unidad Docente fue aprobada con representantes gremiales presentes en el recinto. La resolución rechaza reformas que impliquen pérdida de derechos previsionales, aunque el debate dejó diferencias entre el oficialismo y la oposición.

Con el acompañamiento de docentes y representantes de SUTEBA, FEB y UDOCBA, el Concejo Deliberante de Magdalena aprobó el expediente 158/26, impulsado por el Frente de Unidad Docente local. La propuesta llegó al recinto después de su tratamiento en comisiones, donde los sindicatos expusieron sus preocupaciones sobre el futuro del sistema previsional y las condiciones de jubilación de los trabajadores de la educación.

La resolución expresa el rechazo a cualquier intento de reforma previsional que implique la pérdida de derechos adquiridos por docentes y estatales bonaerenses. También sostiene la defensa del régimen previsional docente diferencial, tanto nacional como provincial, y de la autonomía del Instituto de Previsión Social (IPS).

Los despachos de comisión destacaron el carácter público y solidario del sistema y la necesidad de que cualquier modificación se discuta con participación de los trabajadores y sus organizaciones. El de Legislación planteó, además, que los eventuales desequilibrios no deben resolverse trasladando sus costos a quienes trabajan ni deteriorando las condiciones de acceso a una jubilación.

Durante la sesión, César Fulgione destacó que la iniciativa había sido presentada por los gremios y recibió las firmas de la oposición para avanzar en su tratamiento. En su intervención vinculó la defensa del IPS con el reclamo bonaerense por los recursos previsionales que la Nación adeuda a la Provincia y cuestionó la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

“Que no vengan con la motosierra y quieran cambiar las reglas de juego a mitad de camino”, expresó. El concejal también sostuvo que defender la caja provincial requiere fortalecerla, cuidar sus fondos y exigir una administración transparente y respuestas oportunas. “Nuestro compromiso alcanza a quienes ya están jubilados y a quienes todavía tienen años de trabajo por delante.

Estamos defendiendo también las condiciones en las que podrán jubilarse las próximas generaciones”, señaló. La concejal Irazu, quien se presentó como docente jubilada, remarcó la importancia de que los concejos deliberantes expresen su posición antes de que se aprueben medidas que puedan afectar derechos.

Rechazó que la jubilación docente sea presentada como un privilegio y sostuvo que el régimen especial responde al desgaste físico y psíquico, la responsabilidad y las condiciones particulares de la tarea educativa. Aunque todos los bloques anticiparon su acompañamiento, Martín Raffo planteó reparos desde el oficialismo sobre la redacción.

“Nosotros estamos convencidos de que el régimen especial docente no es un privilegio sino un derecho”, afirmó, pero consideró necesario mantener abierta la discusión sobre la sustentabilidad del sistema y las condiciones para garantizar las jubilaciones presentes y futuras. Raffo sostuvo que esa diferencia no modificaba el respaldo al reclamo gremial.

“Yo creo que la mejor forma de garantizar esos derechos adquiridos que hay que cuidar es alimentar el debate, no anularlo”, expresó. También señaló que el problema previsional excede al actual gobierno nacional y reclamó discutirlo sin reducir las posiciones a una división entre quienes defienden los derechos y quienes los cuestionan. Esa intervención motivó respuestas desde la oposición.

Mirna Gurina sostuvo que discutir el funcionamiento del sistema no resulta incompatible con rechazar un retroceso en las conquistas laborales. “Nadie anula el debate, entiendo, a través de lo que leí en esta resolución. Lo que no se pueden anular son los derechos”, afirmó, y cuestionó al Gobierno nacional por sus políticas hacia los trabajadores.

Gurina también reivindicó el carácter público, solidario y de reparto del IPS y destacó el respaldo de las firmas docentes a la presentación. “La reforma previsional no se puede analizar desde una planilla, porque no es un número lo que hay detrás de cada jubilación. Hay una persona”, sostuvo, al recordar los años de trabajo y aportes de quienes acceden al retiro.

Camila Daca puso el acento en la organización gremial y en el papel del Concejo como espacio para recibir demandas de la comunidad. Destacó que los sindicatos hubieran invitado al cuerpo a ser una “caja de resonancia” y valoró que instalaran asuntos que “no forman parte de la agenda política local”.

También relacionó esa participación con las movilizaciones docentes de la semana anterior y los reclamos por las condiciones en las que se desarrolla la enseñanza. “Una cosa es discutir y pensar en mejorar la condición de nuestros trabajadores y trabajadoras y otra cosa es discutir para intentar aplastar y vulnerar”, expresó Daca.

La concejal agradeció el compromiso sostenido por los gremios y ratificó su acompañamiento a los trabajadores y a la educación pública, gratuita y de calidad. En el cierre del intercambio, Fulgione rechazó que se hubiera impedido discutir y recordó la reunión de comisión con los gremios, a la que también asistió la concejal oficialista Ana María Garayalde.

“Este proyecto llega al recinto por las firmas de la oposición”, remarcó, y señaló que los seis concejales opositores habían firmado para que pudiera tratarse. “Podemos seguir debatiendo, estamos acá para debatir”, agregó. Raffo aclaró que su planteo se refería al problema previsional nacional y reiteró su respaldo a la iniciativa.

“Acá estamos todos en defensa de los derechos”, sostuvo, e insistió en que consideraba válido discutir cómo garantizarlos en el tiempo. Finalmente, el proyecto fue aprobado por unanimidad y los docentes presentes celebraron el resultado con una ovación.

La votación dejó una posición común del Concejo contra la pérdida de derechos previsionales y de respaldo a la iniciativa del Frente de Unidad Docente de Magdalena, aun con diferencias sobre cómo abordar la discusión política alrededor del sistema jubilatorio.